Una de las cosas que más ha llamado
mi atención de regreso al país, es la forma de contratar la ejecución de proyectos
urbanísticos, arquitectónicos y civiles encargados por parte de la administración pública.
Estos proyectos generalmente han
sido diseñados con inmenso cuidado, esmero y profesionalismo por diferentes tipos
de profesionales que han empleado los conocimientos técnicos precisos para
idear y formular soluciones acordes con la funcionalidad, la estética, las condiciones
económicas y normativas de un determinado problema.
En otros países, generalmente las
obras de construcción y ejecución del proyecto cuentan con la supervisión específica
de su autor, quien se convierte en el garante por excelencia, de la calidad del
proyecto y de su correcta interpretación y traducción a la realidad por parte
de los constructores.
Esta condición de revisor de la calidad del producto, es en la lógica del trabajo, la mínima condición
de respeto a la autoría y a los derechos intelectuales que se debe tener con su
creador. Es a la vez la forma correcta de llevar a cabo la finalización de un
trabajo y pedir cuentas a su autor por el resultado.
La forma de contratación pública
de las obras civiles y arquitectónicas en Colombia, no hace uso de este sistema
y confía ciegamente en la documentación escrita y dibujada de la propuesta, como
requisito legal y formal de la responsabilidad del profesional.
Se finaliza así, el proceso
natural de materialización de las ideas proyectadas y se traslada esa
responsabilidad tan intima y exclusiva del autor, a la interpretación libre y
casi anárquica de un profesional de la construcción o de una empresa del ramo -que
en la mayoría de los casos encuentra muchos impedimentos, retrasos, cambios económicos,
realiza interpretaciones propias o desconoce la naturaleza o el sentido de los
componentes de la idea- para presentar su versión “práctica e inmediata” de lo
que debe ser la materialización del proyecto.
Para finalizar, el resultado construido,
que va a durar muchos años y por el que los ciudadanos, la ciudad y el
medioambiente han pagado un costo alto en el sacrificio del equilibrio social, económico
y natural, se endosa directamente a quien formuló la propuesta, persona que desconoce
hasta último momento, la deformación que han cometido con sus ideas y a su nombre.
Ese tipo de contratación pública
de la ejecución de obras en Colombia debe cambiarse y el profesional que propone las ideas debe
ser incorporado a la materialización de su obra, pues los caminos legales de
vigilancia – auditorias, interventorias- no son suficientes para concretar la
realidad más compleja del sentido de una propuesta.
